Las pensiones no contributivas por invalidez son un aspecto clave dentro del sistema de seguridad social. Según el artículo 9º de la Ley 13.478, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) tiene la facultad de otorgar pensiones inembargables a personas que carecen de recursos suficientes y que no están amparadas por un régimen de previsión, además de estar imposibilitadas para trabajar. Esta normativa fue complementada por el Decreto 432/97, que establece las condiciones para acceder a estos beneficios.
La Pensión No Contributiva por Invalidez se basa en el concepto de invalidez laboral, que se refiere a la limitación en la capacidad de trabajo debido a condiciones de salud que afectan el acceso al empleo. Estas condiciones, unidas a la vulnerabilidad social, geográfica y económica, impiden a los beneficiarios ejercer sus derechos fundamentales, como el acceso a la alimentación, asistencia sanitaria y protección familiar.
Actualización de Requisitos y Procedimientos
Recientemente, el Decreto 843/24 actualizó los requisitos y procedimientos necesarios para acceder a las pensiones no contributivas, comenzando su aplicación el 23 de septiembre de 2024. En este contexto, la Agencia Nacional de Discapacidad ha aprobado la Resolución 187/25, que establece un baremo médico para evaluar el grado de invalidez laboral. Este baremo será clave para la evaluación médica de las solicitudes de pensiones no contributivas.
Sin embargo, tras la implementación de esta norma, se han identificado diversas oportunidades de mejora en los criterios de evaluación. Se ha recomendado una revisión exhaustiva que incorpore referencias a normativas internacionales y que permita la elaboración de una nueva propuesta para actualizar los criterios técnicos y metodológicos de evaluación de la invalidez, conforme a la Resolución 1172/25.
Perspectivas Futuras
La revisión y actualización de los criterios de evaluación son fundamentales para asegurar que las pensiones no contributivas por invalidez se otorguen de manera justa y equitativa. La incorporación de normativas internacionales puede enriquecer el proceso, garantizando que se respete la dignidad de los beneficiarios y se cumplan sus derechos.
A medida que el sistema de seguridad social evoluciona, es esencial que los procedimientos y criterios se mantengan al día con las necesidades cambiantes de la población. Esto asegurará que quienes dependen de estas pensiones reciban el apoyo necesario para mejorar su calidad de vida y su integración en la sociedad.
